Por: Lic. Julio Rodríguez
A veces no es la forma, sino la realidad de cómo se presentan las cosas. Es cierto que contamos con una ley migratoria que responde a lineamientos de acuerdos internacionales y a la defensa del orden jurídico interno. En ese contexto, las acciones y pronunciamientos de la Antigua Orden Dominicana han colocado al Ministerio de Migración bajo una fuerte presión pública, evidenciando la demanda social de una aplicación más firme y coherente de la normativa vigente.
La Antigua Orden Dominicana sostiene como eje central la preservación de la dominicanidad y la soberanía, entendidas como valores propios de la República Dominicana. Desde su perspectiva, no se trata de promover maltratos ni discriminación, sino de exigir respeto a la legalidad, al control migratorio y al orden público, en un marco de derechos y deberes para todos.
Asimismo, el debate público ha puesto sobre la mesa la necesidad de enfrentar la migración irregular particularmente la procedente de Haití— desde políticas claras, humanas y efectivas, que reduzcan la ilegalidad y prevengan hechos delictivos o confrontaciones desproporcionadas que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.
El reto del Estado es equilibrar la defensa de la soberanía con el respeto a los derechos humanos, fortaleciendo las instituciones y aplicando la ley con firmeza, transparencia y justicia. Solo así se garantizará un país ordenado, seguro y respetuoso del marco legal que nos rige a todos.
