Por: Lic. Julio Rodríguez
Entonces, ¿en qué quedamos?
¿Está prohibido o no el uso de las patinetas y motocicletas eléctricas en la República Dominicana, como hoy pretende hacer ver la Policía Nacional?
Para acabar con la desinformación, es necesario ir a los hechos y al marco legal vigente. En el año 2023, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) emitió una resolución que regula el uso de las patinetas eléctricas, estableciendo un límite de velocidad de 20 kilómetros por hora. Sin embargo, dicha resolución no exige matrícula, placa ni registro para este tipo de vehículos.
Por tanto, no existe una prohibición expresa a nivel nacional que impida la circulación de patinetas eléctricas por el simple hecho de no tener matrícula. Lo que sí existe es una regulación sobre su uso, velocidad y convivencia vial.
Ahora bien, en el Distrito Nacional, como en otros municipios, se han propuesto y aplicado ordenanzas municipales que restringen el uso recreativo de estos dispositivos en zonas específicas, como áreas peatonales, parques o sectores de alto flujo. Esto no equivale a una prohibición total, sino a limitaciones territoriales, amparadas en la autonomía municipal.
La gran pregunta es:
👉 ¿Por qué se persigue al ciudadano donde la ley no prohíbe?
👉 ¿Por qué se permite hoy y mañana se sanciona sin una base legal clara?
Resulta contradictorio y hasta injusto que después de que cerca del 70 % de la población ha optado por este medio de transporte, muchas veces por necesidad económica, movilidad y ahorro, ahora se pretenda criminalizar su uso sin una legislación coherente, uniforme y previamente comunicada.
La autoridad no puede actuar por improvisación ni por interpretación subjetiva. El principio de legalidad es claro: lo que no está prohibido por la ley, está permitido. Y si el Estado entiende que debe regularse de otra manera, que lo haga con normas claras, transitorias y respetando los derechos adquiridos de quienes ya invirtieron en estos vehículos.
Que alguien, entonces, nos dé una sustentación jurídica y técnica seria, y no simples operativos sin fundamento, para justificar esta barrabasada que solo genera confusión, abuso de autoridad y desconfianza ciudadana.
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