La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) presentó acusación formal contra diez personas físicas y siete empresas, señaladas de integrar una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos que operaba desde el Intrant y el Ministerio de Defensa.
Empresas involucradas
Las empresas involucradas son Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L., todas señaladas por haber servido como vehículos financieros y operativos para el desvío de fondos públicos, lavado de activos y sabotaje tecnológico.
Según el Ministerio Público, la investigación identificó diversas líneas delictivas que incluyen corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje a infraestructuras críticas, falsificación, contrabando, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo y lavado de activos.
El eje central del entramado, de acuerdo con la acusación, es José Ángel Gómez Canaán, quien controlaba un grupo de empresas interconectadas que presuntamente se beneficiaron de contratos fraudulentos y manipularon sistemas de semáforos, videovigilancia y otras infraestructuras tecnológicas del Estado.
La acusación también vincula a Hugo Beras, quien habría facilitado la adjudicación irregular de contratos a empresas sin capacidad técnica y participado en la manipulación del sistema de tránsito del Gran Santo Domingo. Otros imputados, como Frank Díaz Warden y Pedro Vinicio Padovani Báez, están señalados por su rol en la manipulación de licitaciones, falsificación de documentos y lavado de fondos públicos.
En octubre de 2024, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, declaró el caso complejo e impuso medidas de coerción contra varios de los acusados, incluyendo prisión preventiva y presentación periódica.
La Pepca sostiene que el caso Camaleón representa una de las tramas de corrupción tecnológica más sofisticadas descubiertas en los últimos años, al involucrar tanto la manipulación digital de sistemas públicos como el uso de estructuras corporativas para lavar fondos y ocultar bienes adquiridos ilícitamente.
De ser admitida la acusación, el proceso judicial pasará a la etapa de juicio de fondo, en la que los implicados enfrentarán cargos tipificados en el Código Penal dominicano, así como en las leyes sobre crímenes de alta tecnología, lavado de activos, terrorismo y contrabando, todo en perjuicio del Estado dominicano.
