Martínez destacó que esta no es una lucha aislada ni sectorial, sino una causa de país, en la que comunidades como Piché, Jacagua y áreas rurales de Santiago defienden recursos naturales estratégicos frente a proyectos extractivos, cuyo beneficio económico no guarda proporción con el daño ambiental, social e hídrico que podrían provocar.
“El Pico Diego de Ocampo y su entorno no son simples elevaciones geográficas. Son zonas de recarga hídrica, de nacientes, de equilibrio climático y de biodiversidad. El sacrificio ambiental que implicaría una explotación minera en esta área sería muy superior a cualquier ganancia económica inmediata, especialmente cuando esos beneficios no se traducen en bienestar real para las comunidades ni para el país”, afirmó.
Señaló que la Cordillera Septentrional cumple una función clave como reguladora de lluvias, protectora de suelos y fuente de agua, por lo que cualquier intervención de carácter extractivo en zonas de alta fragilidad ecológica debe ser evaluada con criterios técnicos estrictos, transparencia absoluta y visión de largo plazo.
Valoró el rol del padre Nino Ramos y de los sacerdotes de la zona como voceros de conciencia social y ambiental, acompañando a las comunidades en la defensa del agua, del territorio y de un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.
“Cuando la Iglesia, las comunidades y los ciudadanos se unen para defender la vida y los recursos naturales, el Estado tiene el deber de escuchar”, indicó.
Asimismo, llamó a que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Energía y Minas actúen con mayor responsabilidad, transparencia y apego al interés nacional, garantizando que ninguna concesión o permiso comprometa fuentes de agua ni ecosistemas estratégicos.
“El país no puede seguir repitiendo un modelo donde se extraen recursos naturales no renovables, se degradan ecosistemas esenciales y, al final, los beneficios no llegan al pueblo, mientras el costo ambiental y social lo pagamos todos. Eso, en la práctica, termina constituyéndose en una gran estafa ambiental y social contra la nación”, concluyó Martínez.
