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La magistrada de distrito Indira Talwani dijo durante la audiencia en Boston (Massachusetts) que planea emitir una orden al respecto sin especificar cuándo lo hará. Los afectados provienen de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras; la mayoría temen perder el 14 de enero la protección legal implementada por el Gobierno del demócrata Joe Biden, después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) la cancelara a finales del año pasado.
El caso lo impulsan cinco demandantes, pero sus abogados quieren que el fallo cubra a todos los que participan en el programa. “El Gobierno, tras haber invitado a la gente a solicitarla, ahora está poniendo trampas entre esas personas y la green card”, dijo Justin Cox, letrado del Justice Action Center que los representa. “Es increíblemente injusto”, agregó.
"Aunque tenían un estatus temporal, no vinieron temporalmente: vinieron para impulsar sus nuevas vidas en EE.UU., generalmente trayendo consigo a sus familiares", escribieron los demandantes en su moción. "Desde su llegada, han obtenido permisos de empleo y han matriculado a sus hijos en las escuelas", agregaron.
El parole de reunificación familiar fue diseñado para “ofrecer una vía más rápida para que los ciudadanos y residentes permanentes pudieran reunificarse con sus familiares en Estados Unidos a la espera de otras visas”, según el anuncio del Gobierno, debido a las “a menudo largas esperas” para conseguir un visado con el que viajar a Estados Unidos. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber determinado ahora que “la preocupación por el fraude y la seguridad nacional, y la prioridades de la Administración actual, superan esos intereses”.
El Gobierno argumentó en su escrito a la corte que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para cancelar cualquier programa, y que notificó adecuadamente la cancelación con su publicación en el registro federal. Agregó que la cancelación era necesaria por razones de seguridad nacional, ya que, dijo, no se había verificado la idoneidad de las personas. Asimismo, afirmó que los recursos para mantener este programa se utilizarían mejor en otros. “Un parole puede ser cancelado en cualquier momento”, dijo Katie Rose Talley, letrada del Gobierno, “eso es lo que se está haciendo, no hay nada ilegal en ello”.
La jueza admitió que el Gobierno puede finalizar el programa, pero discrepó con la forma en que lo hizo: el Departamento de Seguridad Nacional argumentó que bastaba con anunciar en el registro federal su finalización, pero la magistrada le exigió que demostrara cómo había alertado a las personas mediante una notificación escrita (carta o un e-mail) sobre el fin del programa.
“Entiendo por qué los demandantes se sienten como que vinieron aquí e hicieron todos esos planes e iban a estar aquí durante mucho tiempo”, dijo la jueza. “Tengo a un grupo de personas que intentan cumplir la ley", agregó, y "les digo que, como estadounidenses, Estados Unidos debe hacer eso”.
Hasta tres años de ‘parole’
Biden anunció en julio de 2023 la implementación de este parole de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Un mes más tarde informó que estaba actualizando los procesos para cubanos y haitianos. “Esto supone un avance en la exitosa combinación de la Administración de ampliar las vías legales y reforzar la aplicación de la ley para reducir la migración irregular”, explicó en un comunicado.
Los inmigrantes de esos países, cuyos familiares sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes y que hayan recibido la aprobación para reunirse con su familia en Estados Unidos, podían ser considerados para el parole y obtener un permiso de trabajo, “por un período de hasta tres años a la espera de solicitar la residencia permanente”.
