por: julio 19/6/009
La cúpula empresarial agrupada en el Conep advirtió ayer sobre las implicaciones que podría tener para República Dominicana el incorporar un inversionista como Venezuela en un sector estratégico de seguridad nacional, como son los combustibles.
Mientras, el presidente de la principal empresa privada importadora de gas licuado de petróleo (Costal Petroleum Dominicana) dijo que no le ve ningún problema por ahora a la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, “siempre y cuando el Gobierno dominicano, que es dueño del 50% de Refidomsa, no imite al Gobierno venezolano (que tendría otro 50%), tratando de nacionalizar al sector hidrocarburo”.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Lisandro Macarrulla, tomó como base principal para sustentar su posición el hecho de que el gobierno venezolano mantiene en su propio territorio una actitud adversa a la libre iniciativa del sector privado.
“Aunque una transacción de ese género podría inscribirse en lo habitual, incorporar un inversionista de esa magnitud en un sector estratégico podría constituir un desacierto y una exposición a riesgo que concerniría el propio suministro y la consecuente seguridad que requiere ese sector vital para el desenvolvimiento de la nación”, sostuvo Macarrulla.
Los empresarios llamaron a las más altas autoridades nacionales para que sopesen una vinculación de tan relevante importancia para la República, “sobre todo, en momentos en que se precisa atraer inversionistas que fortalezcan la confianza y la credibilidad internacional a que son acreedores los dominicanos”.
El Conep expuso que el sector productivo espera del Gobierno una amplia reflexión sobre las implicaciones y derivaciones que podría tener una decisión de tanta trascendencia.
El miércoles, el Consejo de Administración de Refidomsa informó que el precio presentado por el Estado a Petróleos de Venezuela (PDVSA) por el 49% de las acciones de la empresa es de US$130 millones, y explicó que la operación no compromete aspectos de la soberanía porque se trata de una operación de comercio.
Arturo Santana, de Coastal, dijo que “la relación entre los gobiernos venezolano y dominicano debe ser comercial, respetando la propiedad de los importadores dominicanos y los distribuidores, entre otros.
Mientras, el presidente de la principal empresa privada importadora de gas licuado de petróleo (Costal Petroleum Dominicana) dijo que no le ve ningún problema por ahora a la venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, “siempre y cuando el Gobierno dominicano, que es dueño del 50% de Refidomsa, no imite al Gobierno venezolano (que tendría otro 50%), tratando de nacionalizar al sector hidrocarburo”.
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Lisandro Macarrulla, tomó como base principal para sustentar su posición el hecho de que el gobierno venezolano mantiene en su propio territorio una actitud adversa a la libre iniciativa del sector privado.
“Aunque una transacción de ese género podría inscribirse en lo habitual, incorporar un inversionista de esa magnitud en un sector estratégico podría constituir un desacierto y una exposición a riesgo que concerniría el propio suministro y la consecuente seguridad que requiere ese sector vital para el desenvolvimiento de la nación”, sostuvo Macarrulla.
Los empresarios llamaron a las más altas autoridades nacionales para que sopesen una vinculación de tan relevante importancia para la República, “sobre todo, en momentos en que se precisa atraer inversionistas que fortalezcan la confianza y la credibilidad internacional a que son acreedores los dominicanos”.
El Conep expuso que el sector productivo espera del Gobierno una amplia reflexión sobre las implicaciones y derivaciones que podría tener una decisión de tanta trascendencia.
El miércoles, el Consejo de Administración de Refidomsa informó que el precio presentado por el Estado a Petróleos de Venezuela (PDVSA) por el 49% de las acciones de la empresa es de US$130 millones, y explicó que la operación no compromete aspectos de la soberanía porque se trata de una operación de comercio.
Arturo Santana, de Coastal, dijo que “la relación entre los gobiernos venezolano y dominicano debe ser comercial, respetando la propiedad de los importadores dominicanos y los distribuidores, entre otros.
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