La decisión fue adoptada por el director de la DGSPC, Roberto Santana, y excluye el ingreso de los acusados al CCR-20 de Najayo, en San Cristóbal, centro que había sido considerado inicialmente para su reclusión.
El traslado se produjo un día después de que el juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictara la prisión preventiva mediante una resolución debidamente motivada.
Según una comunicación remitida al tribunal, la DGSPC informó que el CCR-20 Najayo no cuenta con el espacio disponible ni con las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la integridad física de los imputados.
La institución penitenciaria explicó que la medida responde a dos razones fundamentales: la sobrepoblación del centro de Najayo y la necesidad de preservar la seguridad de los internos, dada la alta relevancia social del proceso judicial.
Asimismo, señaló que la Ley 113-21, la Constitución de la República y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional facultan a la autoridad penitenciaria a determinar el lugar de reclusión y ordenar traslados por motivos de seguridad, siempre que exista una orden escrita y fundamentada.
La DGSPC aseguró que con esta decisión cumple con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), que obligan al Estado a garantizar en todo momento la seguridad, el orden y la vida de las personas privadas de libertad.
Pagan fianza y esperan arresto domiciliario en caso Senasa
La defensa de dos de las imputadas en el caso Senasa tramitó el pago de la póliza de seguro correspondiente a la fianza impuesta por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Los abogados Ingrid Hidalgo y Gabriel Brugal informaron que realizaron el pago de un millón de pesos, monto fijado por el juez Rigoberto Sena, para la ejecución del arresto domiciliario a favor de Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El trámite se realizó luego de que la secretaría del tribunal entregara el dispositivo de la resolución, que además impone impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
Previo al pago, las imputadas firmaron la póliza en presencia de sus abogados, procedimiento que fue documentado con fotografías como constancia legal.
Para completar el proceso, los juristas se trasladaron a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ambas permanecen recluidas.
Ahora corresponde a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y a la Dirección de Persecución del Ministerio Público ejecutar la decisión judicial.
En tanto, el abogado Jorge López Hilario realiza gestiones ante el Ministerio Público para el traslado del empresario Eduardo Read Estrella a su residencia, conforme al arresto domiciliario ordenado por el tribunal.
