La realización de pruebas de VIH encargadas por los empleadores es una práctica frecuente, pero difícil de probar, que condena a la exclusión laboral a quienes viven con esta condición de salud.
La última vez que Luis Sosa (nombre ficticio) fue a realizarse un análisis de sangre a solicitud de una empresa que lo seleccionó para un puesto, acudió al laboratorio con una mezcla de sentimientos que iban entre la ironía y el desencanto.
Aunque debía comenzar a trabajar esa misma tarde, anticipó que el teléfono no sonaría para dar el visto bueno. No presumía de tener facultades de vidente, sino que se basaba en tres experiencias anteriores con resultados similares. Así que tomó el teléfono para saber cuanto antes con cuál excusa se vestiría esta vez el monstruo. Así supo que repentinamente “la empresa decidió no contratar a nadie”. Preguntó si podía obtener una copia de los resultados del laboratorio. “¿Le preocupa algo?”, le preguntó la encargada. “¿Debería preocuparme de algo?”, respondió él, diciéndose a sí mismo: “ya es suficiente”.
RECOMENDACIONES DE LA OIT
Prohibición de la prueba de VIH
Además de las prohibición expresa que hace la ley 55-93 sobre la realización de la prueba de VIH previo a la contratación o durante el desempeño laboral, la Organización Mundial del Trabajo también la desautoriza, incluso aunque el empleado consienta en hacerla, ya que puede ser que “no sea siempre absolutamente libre o no esté basado en un conocimiento pleno, es decir, en la apreciación de todas las circunstancias y consecuencias de las pruebas médicas”. Los resultados siempre corren el riesgo de ser divulgados y es innecesario, estima la OIT.
Igual que otras dolencias
En el documento propuesto por la OIT en 2001, se recomienda que el VIH/Sida no sea tratado en los lugares de trabajo de forma menos favorable que otras enfermedades o dolencias graves. Esta recomendación es aplicable a asuntos como las indemnizaciones, planes de salud, prestaciones laborales, traslados o ascensos laborales. La idea es garantizar estabilidad en todos los aspectos a quienes vivan bajo esta condición de salud, sin que esto sea un impedimento para acceder a beneficios o derechos que le asisten como empleado.
Abordar los asuntos de género
La OIT reconoce que las mujeres se encuentran más expuestas e incluso son más vulnerables a los efectos del VIH, atendiendo a razones culturales, socioecómicas y biológicas, por lo que apela a un trato igualitario entre ambos géneros cuando en el ámbito laboral se aborde ese tema. También recomienda que para trabajar el tema los programas sean adaptados a hombres y mujeres, que se trate expresamente el tema del acoso y la violencia y que haga especial énfasis en que estas últimas son más propensas a contraer el virus.Luis sabe a ciencia cierta cuando empezó todo aquello. Fue en el año 2000, después de trabajar durante un mes para una reconocida línea aérea del país en la que también laboraba su hermano. De manera verbal y sin mayores explicaciones, la empresa decidió prescindir de sus servicios. Durante semanas barajó posibles motivos para este cambio repentino. Después de todo, se le había acogido con entusiasmo y hasta se habló de enviarlo a Dallas, Estados Unidos, a tomar cursos de capacitación. Hasta que un día su hermano llegó con los resultados del laboratorio en la mano. Se los había entregado una persona de la compañía. Había dado positivo a una prueba de VIH que ni siquiera había autorizado. Y sólo por una práctica irregular de la empresa pudo enterarse.
Las prácticas discriminatorias para las personas que viven con esta condición de salud se visten de excusas tan estrafalarias como repentinas. “Cambio de planes”. “Se había seleccionado a alguien antes” o “La compañía decidió no contratar a nadie”. Un día, hasta le tocó escuchar “Encontramos algo raro en tu sangre”, a lo que contestó de pura impotencia, “No señora, no es nada raro, es VIH”. Aunque saben que la Ley 55-93, sobre el Sida, condena esta práctica, muchas empresas instan al personal de nuevo ingreso a someterse a los análisis. Probarlo es muy difícil y negarse da lugar al rechazo automático de su candidatura, o a rumores infundados que imposibilitarían la vida laboral de la persona.
Malas prácticas En el país existen entre 50 y 70 mil personas infectadas con VIH, según informes oficiales. La prevalencia del virus, que se estima en un 0.8%, recae sobre el segmento poblacional cuyas edades van entre los 15 y 49 años. Es decir, que su incidencia descansa sobre el grupo de personas económicamente más activas. Esas mismas que son rechazadas por sus empleadores cuando dan positivos a la prueba.
Un estudio de Profamilia titulado “República Dominicana: estigma y discriminación en personas que viven con VIH” (abril 2009), permite hacer aproximaciones sobre cómo influye su condición de salud sobre su situación laboral. La encuesta aplicada sobre una muestra de 1,000 personas que viven con VIH reveló que el 43.2% se encuentra desempleada. En tanto que un 20% de ellas atribuyó la pérdida de su trabajo o fuente de ingresos a su condición serológica.
La Red Dominicana de Personas que Viven con VIH y Sida estuvo dando asistencia legal gratuita entre 2003 y 2004, a personas que perdieron su empleo por ese motivo. Sin embargo, ninguno de los casos que fueron llevados a los tribunales por violación del artículo 3 de la Ley 55-93 logró obtener una sentencia condenatoria. De hecho, la mayoría de ellos se quedaron en el camino.
Dulce Almonte, presidenta de REDOVIH, admite cuán difícil es probar que una empresa violó las disposiciones de la ley que prohiben la realización de la prueba del VIH para condicionar la obtención de un empleo o su permanencia en éste.
CIFRA
0.8%
Es la prevalencia del VIH/Sida, según informes oficiales. Esta prevalencia recae sobre un segmento poblacional cuyo rango de edad está comprendido entre los 15 y 49 años, es decir, los más activos económicamente.
“Definitivamente, es muy difícil. La mayoría de los empleadores utilizan la forma de mandar a hacer la prueba entre un grupo de otras (pruebas), pero nunca hay una constancia de que están haciendo la prueba de VIH”. Habla sobre los acuerdos tras las puertas entre empleador y laboratorio, en los cuales la comunicación de un resultado positivo se hace verbalmente, para que no quede ninguna constancia.
Otros procesos se cayeron porque los demandantes se retiraron por temor a las consecuencias derivadas de los juicios públicos, o porque llegaron a acuerdos de restitución en el puesto. Pero Almonte señala otras causas: los costos de los procesos judiciales, incluso cuando haya abogados dispuestos a llevar el caso de forma gratuita, o la misma situación de prejuicios, que alcanzan incluso los estrados. En una ocasión, “un juez dijo que él tenía el perfecto derecho de no querer emplear a un ‘sidoso’ en su empresa”, recuerda.
En la actualidad, la Ley 55-93 se encuentra en un proceso de revisión tendente a modificar algunos de sus artículos. Las organizaciones que trabajan el tema buscan establecer juicios privados para esta causa, así como elevar las sanciones para los infractores.
Si algo se logra con esta lucha, es posible que yo no vea los frutos. Pero está bien si otros los ven.”
Luis Sosa, Nombre ficticio de Persona con VIH
Hacia la inclusión El último de los rechazos animó a Luis a acercarse a grupos que dan apoyo a personas que viven con VIH. Ahora es parte de una iniciativa que concentra sus esfuerzos en lograr la inclusión laboral de aquellos que, pese a reunir todos los requisitos para desempeñar un puesto, son rechazados por su condición de salud. Se trata de Alianza Positiva, una organización que reúne hasta el momento entre 15 y 20 personas con historias y perfiles similares.
“Estoy consciente de que si algo se logra con esta lucha, es posible que yo no vea los resultados. Pero yo soy parte del resultado del trabajo que antes de mí iniciaron otras personas para que esta enfermedad fuera reconocida. Así que está bien si son otros quienes cosechan los frutos de lo que estamos haciendo”, dice.
CIFRA
43.2
Por ciento de una muestra de 1,000 personas que viven con VIH, se encuentra en condición de desempleo, según el estudio de Profamilia. El 20% de ellas admitió haber perdido su empleo debido a su condición serológica.
Hace poco más de un año, Manuel, otro de los miembros de este grupo pasó por una situación muy similar a la de Luis. Un amigo que trabajaba en el lugar le avisó de un puesto en una reconocida cadena de hoteles del país, aunque le advirtió que no podía ayudarle. Aún así, fue seleccionado entre otros 200 candidatos. También se le prometió capacitación en el extranjero. “Ese trabajo iba a cambiar mi vida”, dice. Allí mismo le tomaron la muestra de sangre. Ya estaba instalado en el lugar cuando se le dijo: “Los inversionistas decidieron retirarse”. Una excusa sencillamente increíble. Fue su amigo quien, días después, le contó que había dado positiva a la prueba de VIH. Le afectó mucho enterarse de esa forma, más que la noticia misma. “Yo sabía que tener VIH no significaba que te ibas a morir.
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Empresas (o empleadores) solamente han suscrito un acuerdo con COPRESIDA en el que se comprometen a no aplicar pruebas de VIH a sus empleados o los candidatos seleccionados para un puesto.
Pero si no me hubiera enterado, talvez habría tenido una vida más desmesurada”. Continúa solicitando puestos de trabajo, aunque dice que como parte de su lucha personal, se negaría a hacerse la prueba a requerimientos de un empleador: “Aunque no me contraten. Hacerlo es permitir que violen mi integridad como persona”.
Para Manuel, lograr la aceptación de esta condición y el reconocimiento de las capacidades de quienes viven con ella es primordial.
“Si tienes cáncer te admiten, y eso es peor. El VIH es una enfermedad crónica que puede ser manejada”, recuerda.
Oye repetir el planteamiento de Luis, de que es posible que su grupo no llegue a apreciar los resultados de una lucha que se perfila como ardua.
“Al menos es un paso. Ayudará a otras personas que han atravesado por lo mismo. Sí. Yo también pienso igual que él”, dice.
Por julio mvp. 5/may/09
