Santo Domingo.-La Cámara de Diputados rechazó este jueves a unanimidad la solicitud de retirar la inmunidad parlamentaria al diputado Alfredo Pacheco, por el improcedente, en virtud que la misma no se tramitó por la vía establecida en la Constitución de la República.
El hemiciclo, acogió el informe desfavorable que presentó y motivó Demóstenes Martínez, presidente del Consejo de Disciplina, quien estudió la solicitud que envío a la Cámara de Diputados la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 26 de mayo.
El rechazo lo aprobaron a unanimidad los 131 diputados presente en el hemiciclo, previo a las motivaciones que fueron catalogadas como “sin desperdicios”, por la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.
Martínez, presidente del Consejo de Disciplina, explicó que “con este informe vamos a establecer y dejar un precedente, para cuando este tipo de caso se presente en el futuro en contra de un legislador”.
Señaló que la notificación que llegó a la Cámara de Diputados, vía la PGR, no se corresponde con lo que establece la Constitución en el artículo 87, que indica para ser legal se debe recibir una solicitud de una autoridad judicial competente que sería la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “pues el Ministerio Público no es una autoridad judicial”.
El presidente del Consejo de Disciplina expuso que en el estudio de la solicitud que hizo la PGR, “la comisión no se adentró al discutir ni analizar el fondo sobre el tema que ventila en un Tribunal, pues esta comisión no es un órgano jurisdiccional para evaluar culpabilidad de una acusación o no de un legislador”.
Refirió que el artículo 69 numeral 3, de la Constitución, refiere que todo ciudadano tiene el derecho a la presunción de inocencia.
Apuntó que el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en los únicos dos casos que ha despojado de inmunidad a legisladores, (Radhamés Ramos García y Ramón Fernández), la solicitud llegó desde la SCJ, y por ello, procedió a despojar la inmunidad en los casos, “pero en esta ocasión no procede porque la solicitud no se tramitó por la vía correcta”.
Manifestó que “no somos un órganos protector del legislador, lo que estamos es en este caso, siendo garante del orden constitucional”.
El hemiciclo, acogió el informe desfavorable que presentó y motivó Demóstenes Martínez, presidente del Consejo de Disciplina, quien estudió la solicitud que envío a la Cámara de Diputados la Procuraduría General de la República (PGR), el pasado 26 de mayo.
El rechazo lo aprobaron a unanimidad los 131 diputados presente en el hemiciclo, previo a las motivaciones que fueron catalogadas como “sin desperdicios”, por la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.
Martínez, presidente del Consejo de Disciplina, explicó que “con este informe vamos a establecer y dejar un precedente, para cuando este tipo de caso se presente en el futuro en contra de un legislador”.
Señaló que la notificación que llegó a la Cámara de Diputados, vía la PGR, no se corresponde con lo que establece la Constitución en el artículo 87, que indica para ser legal se debe recibir una solicitud de una autoridad judicial competente que sería la Suprema Corte de Justicia (SCJ), “pues el Ministerio Público no es una autoridad judicial”.
El presidente del Consejo de Disciplina expuso que en el estudio de la solicitud que hizo la PGR, “la comisión no se adentró al discutir ni analizar el fondo sobre el tema que ventila en un Tribunal, pues esta comisión no es un órgano jurisdiccional para evaluar culpabilidad de una acusación o no de un legislador”.
Refirió que el artículo 69 numeral 3, de la Constitución, refiere que todo ciudadano tiene el derecho a la presunción de inocencia.
Apuntó que el hemiciclo de la Cámara de Diputados, en los únicos dos casos que ha despojado de inmunidad a legisladores, (Radhamés Ramos García y Ramón Fernández), la solicitud llegó desde la SCJ, y por ello, procedió a despojar la inmunidad en los casos, “pero en esta ocasión no procede porque la solicitud no se tramitó por la vía correcta”.
Manifestó que “no somos un órganos protector del legislador, lo que estamos es en este caso, siendo garante del orden constitucional”.