El 2014, un año duro para las esperanzas de paz de los ciudadanos, ha sido clave para forjar los mecanismos de búsqueda del sosiego.
El flagelo de la delincuencia se ha extendido tanto que ya no hay clase ni estratos inferiores que se libren de sus ataques. Ricos, clase media y hasta los más empobrecidos están pagando igual precio.
Bajo un azote cruel que no distingue entre hombres y mujeres, niños y ancianos, atacando sin cesar, matando, hiriendo, asaltando, secuestrando, y una ratería epidémica desvalijando viviendas, la falta de seguridad ha tocado hondo y llevado al grado de la resignación a mucha gente, algunos forzados a abandonar sus casas y espacios sociales, vender sus bienes y hasta abandonar el país.
Desde las ciudades más pobladas hasta pueblos más pequeños, barrios marginales y aldeas rurales, el momento de sobrevivir o morir llegaba en cualquier momento por un ataque de la delincuencia, mientras las autoridades lucían a veces superadas por la embestida de este mal.
Hace tiempo venían enfrentado el problema con fuertes esquemas de seguridad, exhibiendo una rápida movilización de agentes de la Policía y del Ejército. Sus choques eran frecuentes contra delincuentes, que ya no temen a las fuerzas del orden público. Por eso, los muertos son cosa común entre uno y otro lado, aunque la peor parte la sufre el individuo al margen de la ley.
Aun con los hechos a la vista de una comunidad que sufría esto, las autoridades seguían dando cuenta de que la delincuencia iba a la baja, aunque siempre refutado por el cúmulo de denuncias de los ciudadanos.
Durante años, la delincuencia común y los grupos del narcotráfico que generan violencia e inseguridad han controlado, sin oposición, amplias franjas de campos y ciudades dominicanos.
Así, con ese grave problema de seguridad ciudadana gravitando sobre el país, la fuerza pública encargada de imponer la ley y el orden bajo asedio de los criminales, delincuencia, una ratería incontenible y la expansión sin límites de las drogas, las comunidades empezaron a levantarse con resolución a reclamar protección a sus vidas.
Casi a punto de la resignación de la gente, el Gobierno respondió con una Plan de Seguridad Ciudadana que prometía recuperar la convivencia, erradicar la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, libre de miedo y terror.
El Plan presentaba una radiografía sobre los principales problemas de seguridad que afectan a los ciudadanos.
El país se preparaba para una campaña de represión y prevención del delito, augurando el apoyo de la población.
En marzo del año 2013, el Gobierno dio a conocer su Plan, que incluye una reforma policial, la implementación del Sistema Integrado de Emergencias 9-1-1, el programa de prevención “Vivir Tranquilo”, el plan para el registro y control de motocicletas, un sistema de seguridad vial, la estrategia para el control de drogas, medidas de refuerzo a través de la Procuraduría General de la República, un plan para el registro y control de armas y un observatorio de la violencia.
El proyecto involucra a la Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Autoridad Metropolitana de Transporte, el Ministerio de Interior y Policía y al Ministerio Público.
En la ocasión, el presidente Danilo Medina, preocupado por los niveles alcanzados por el crimen, la violencia que abatía a la nación y los gritos diarios de la gente que temía salir de sus hogares para evitar un asalto o la muerte, advertía de que “la batalla por la seguridad ciudadana no la puede vencer un Presidente solo ni un gobierno”, por lo que apeló a la ciudadanía para que se haga copartícipe.
Medina hizo una advertencia a la población, tras pedirle su apoyo en este esfuerzo, exhortándole a colaborar, “para que con la desidia y la indiferencia no se conviertan en cómplices silenciosos del dolor de las familias”. Justamente un mes después de inaugurado el Plan, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indica que de entre 47 países clasificados en la categoría de Desarrollo Humano Medio, República Dominicana estaba entre las seis naciones con la percepción más baja en seguridad ciudadana. Sólo 38% de la población se considera segura y 15% dice tener confianza en las personas. fuente-listindiario.com.do
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