La Procuraduría General de la República (PGR) informó que los fiscales utilizarán cámaras corporales durante los allanamientos, como parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la transparencia y la credibilidad de los procesos judiciales.
El anuncio se realizó durante la presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026-2029, mediante el cual la institución busca modernizar sus operaciones, aunque no se detallaron las fechas exactas para la implementación de las nuevas herramientas tecnológicas.
Innovación y tecnología en el Ministerio Público
Según una nota de prensa, la PGR impulsará una agenda de innovación que contempla la digitalización de expedientes, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos internos y el uso de dispositivos de grabación personal por parte de los fiscales, con el objetivo de que cada allanamiento cuente con respaldo técnico verificable.
Dentro de este proceso también se anunció una restructuración integral del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que abarcará el fortalecimiento del personal, la mejora de la infraestructura y la incorporación de equipos de última generación.
Enfoque en víctimas y acceso a la justicia
La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, quien encabezó el acto, destacó que la legitimidad del sistema de justicia depende de un Ministerio Público abierto, accesible y centrado en las personas, con énfasis en la protección de las víctimas y el trato digno a los ciudadanos.
Señaló que se busca transformar la experiencia del usuario a través de la escucha activa y la eliminación de obstáculos que limiten el acceso a los servicios judiciales.
Persecución penal y participación institucional
El comunicado indica que el Ministerio Público se compromete a desarrollar una persecución penal estratégica y firme, enfocada en combatir el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico, el cibercrimen, la trata y el tráfico de personas, así como delitos de violencia de género, intrafamiliar, maltrato infantil y delincuencia juvenil, siempre preservando la armonía social y el Estado de derecho.
Para la elaboración del plan, la Procuraduría informó que más de 500 colaboradores de distintas áreas participaron en el proceso, junto a consultas a instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría Pública, organizaciones de la sociedad civil y abogados del ejercicio privado.
