Por dj julioDijo ortega y Gasse ¨El crimen mayor esta ahora , no en los
que matan , sino en los que no matan pero dejan matar¨ .
Organizaciones nacionales e internacionales de ginecología hicieron tres propuestas para la modificación o eliminación del artículo 30 de la propuesta de reforma constitucional para evitar interpretaciones subjetivas, dificultades en el ejercicio de esa profesión y el aumento de la morbilidad y mortalidad maternas.
Consideran que si se aprueba como está redactado el artículo 30 de la propuesta constitucional, que establece el respeto a la vida desde la concepción, podría aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, entre otras dificultades, y que la pieza viola derechos que pretende proteger.
El artículo 30 de la propuesta de reforma dice: ”El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, doctor Milcíades Albert Fiorinelli, sugirió que se elimine la frase “desde el momento de la concepción”, o que se le agregue las palabras “en general” de manera que quede implícito que es una afirmación válida para la mayoría de las circunstancias, pero que existen casos en los que habrá que decidir entre la vida de un embrión o feto y la vida de una mujer.
Otra opción que propone junto a otros médicos de distintas entidades latinoamericanas es que se mantenga el texto tal como está aprobado en la Constitución vigente.
Fiorinelli aclaró que la entidad que preside y otras firmantes de una comunicación dirigida a senadores y diputados no están a favor del aborto, sino que el artículo se presta a interpretaciones que haría a los ginecólogos objeto de persecución jurídica por realizar algunos procedimientos obstétricos.
“Los profesionales de la salud que son llamados a prestar atención a las mujeres verían comprometida su responsabilidad y estarían expuestos a persecución jurídica por irrespetar la vida desde la concepción cuando se vea en la disyuntiva de tener que elegir entre salvar la vida de una mujer o del embrión o feto que lleva en el vientre”, dice del comunicado.
El comunicado lo firman también el coordinador regional del Comité de Mortalidad Materna de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, doctor Milton Cordero; el coordinador regional del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, doctor José Figueroa Méndez; el doctor Alejando Paradas Caba, ex tesorero de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología; y el doctor Ángel Terrero, pasado presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
“La práctica de la obstetricia en el país se vería seriamente afectada y muchos profesionales deberán abandonarla o comenzar a hacer intervenciones en la clandestinidad que hoy se consideran rutinarias como los casos del tratamiento del embarazo ectópico, de inducir un parto prematuro en casos de preeclampsia, cardiopatía severa, rotura prematura de membranas con producto inmaduro, cáncer, enfermedad sistémica, por mencionar sólo algunos casos”, detalló.
El documento destaca que también los programas de planificación familiar podrían verse afectados porque algunos métodos anticonceptivos podrían prestarse a interpretaciones y ser considerados ilegales.
Consideran que si se aprueba como está redactado el artículo 30 de la propuesta constitucional, que establece el respeto a la vida desde la concepción, podría aumentar la morbilidad y mortalidad maternas, entre otras dificultades, y que la pieza viola derechos que pretende proteger.
El artículo 30 de la propuesta de reforma dice: ”El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
El presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, doctor Milcíades Albert Fiorinelli, sugirió que se elimine la frase “desde el momento de la concepción”, o que se le agregue las palabras “en general” de manera que quede implícito que es una afirmación válida para la mayoría de las circunstancias, pero que existen casos en los que habrá que decidir entre la vida de un embrión o feto y la vida de una mujer.
Otra opción que propone junto a otros médicos de distintas entidades latinoamericanas es que se mantenga el texto tal como está aprobado en la Constitución vigente.
Fiorinelli aclaró que la entidad que preside y otras firmantes de una comunicación dirigida a senadores y diputados no están a favor del aborto, sino que el artículo se presta a interpretaciones que haría a los ginecólogos objeto de persecución jurídica por realizar algunos procedimientos obstétricos.
“Los profesionales de la salud que son llamados a prestar atención a las mujeres verían comprometida su responsabilidad y estarían expuestos a persecución jurídica por irrespetar la vida desde la concepción cuando se vea en la disyuntiva de tener que elegir entre salvar la vida de una mujer o del embrión o feto que lleva en el vientre”, dice del comunicado.
El comunicado lo firman también el coordinador regional del Comité de Mortalidad Materna de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, doctor Milton Cordero; el coordinador regional del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, doctor José Figueroa Méndez; el doctor Alejando Paradas Caba, ex tesorero de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología; y el doctor Ángel Terrero, pasado presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
“La práctica de la obstetricia en el país se vería seriamente afectada y muchos profesionales deberán abandonarla o comenzar a hacer intervenciones en la clandestinidad que hoy se consideran rutinarias como los casos del tratamiento del embarazo ectópico, de inducir un parto prematuro en casos de preeclampsia, cardiopatía severa, rotura prematura de membranas con producto inmaduro, cáncer, enfermedad sistémica, por mencionar sólo algunos casos”, detalló.
El documento destaca que también los programas de planificación familiar podrían verse afectados porque algunos métodos anticonceptivos podrían prestarse a interpretaciones y ser considerados ilegales.
