Alain Rodríguez ordenó realizar una exhaustiva investigación del proceso de contratación INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002, llevado por la institución gubernamental, a fin de determinar la existencia o no de hechos reñidos con la ley penal, remitiendo a dichos órganos del Ministerio Público el expediente abierto con motivo de la denuncia formulada y publicada en los medios de comunicación sobre las alegadas irregularidades. Con esos fines, le remitió una comunicación dirigida a las titulares de la Fiscalía del Distrito Nacional y la Pepca, Rosalba Ramos y Laura Guerrero, respectivamente, junto a la cual hace entrega de los documentos de dicho proceso a los fines de que los mismos sean revisados a la brevedad posible.
“Para estos fines, y de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Núm. 133-11, contará con la asesoría, asistencia y acompañamiento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), en razón de la materia de que se trata y la vasta experiencia de esta dependencia en dichos temas”, señala la comunicación enviada por la Procuraduría.
El documento agrega que en consecuencia, se les exhorta revisar los documentos anexos y preparar el plan de investigación correspondiente en coordinación con la Pepca, a fin de realizar las diligencias de investigación que los hechos requieran, incluyendo interrogatorios, solicitudes de información y certificaciones, entre otras”.
Respecto a la investigación, Rodríguez ordenó la remisión de informes regulares a su despacho sobre las diligencias de investigación realizadas y el resultado final de las mismas, según se informó a través de un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República.
La información destaca que durante el proceso investigativo tanto los miembros del Ministerio Público asignados al caso como el personal de apoyo deberán tomar las medidas de prevención adoptadas por la Procuraduría General de la República a raíz de la epidemia del COVID-19.
El Poder Ejecutivo destituyó la semana pasada a siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (INAIPI), luego de determinarse que se cometieron irregularidades durante la compra de alimentos en esa dependencia. Mientras que Berlinesa Franco, directora de la entidad, renunció a su cargo, al reconocer que se cometieron actos de irregularidades durante la compra de 40.000 kits de alimentos.
