La crisis de los privados de libertad en “La Carcelita” de Santiago, ahora se ha mudado a los destacamentos policiales de Santiago.
El encierro comienza mucho antes de que un juez conozca una medida de coerción.
Detrás de barrotes oxidados, entre calor sofocante, malos olores y celdas saturadas, decenas de personas permanecen retenidas durante días y hasta semanas esperando una audiencia que, según establece la ley, debe celebrarse en un plazo máximo de 48 horas.
Durante un recorrido realizado por distintos cuarteles de Santiago, este medio constató condiciones de hacinamiento e insalubridad que defensores públicos y abogados califican como una violación sistemática a derechos fundamentales.
El primer golpe llega incluso antes de entrar a las celdas. En el destacamento de Pueblo Nuevo, un mal olor a putrefacción y penetrante domina el ambiente. La humedad atrapada en los pasillos y la fetidez anticipan las condiciones en las que sobreviven los detenidos.
La escena, sin embargo, no es aislada; en destacamentos como El Ejido, la unidad de Violencia de Género, las condiciones se repiten: espacios reducidos, sobrepoblación, ausencia de ventilación y detenidos retenidos en instalaciones concebidas únicamente para estadías temporales.
Allí, bajo techos sofocantes y celdas improvisadas, permanecen hombres y mujeres a la espera del conocimiento de medidas de coerción.
La defensora pública Milagros del Carmen Rodríguez atribuye la situación al colapso del Centro de Atención y Privación de Libertad Provisional (CAPLIP), conocido como “La Carcelita”, cuya falta de capacidad ha provocado que los destacamentos funcionen como cárceles improvisadas.
“En mi visita como defensora, los destacamentos estaban abarrotados de personas con solicitud de medida de coerción sin que se les conociera la medida, porque nadie los traslada al momento en que está fijada”, denunció.
La consecuencia directa es que detenciones preventivas terminan convirtiéndose en encierros prolongados dentro de celdas policiales diseñadas para permanencias momentáneas.
Lo que debió ser una retención temporal se ha transformado, según abogados consultados, en un limbo judicial marcado por aplazamientos, falta de transporte y saturación institucional.
Cabe destacar que hay personas que permanecen privadas de libertad por redadas, por rebeldía o por pago de una deuda o manutención.
“No deben ser tratados como animales”, advirtieron abogados consultados.
el tapón institucional
El colapso, sin embargo, no termina dentro de las celdas. Los abogados Miguel Valdemar y Shesnell Calcaño explicaron que el problema también responde a fallas operativas dentro del propio sistema judicial.
Una vez el Ministerio Público deposita la solicitud de medida de coerción, el traslado de los detenidos pasa a manos de los Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), adscritos al CAPLIP del Palacio de Justicia.
Pero, según denuncian, estos agentes no cuentan con vehículos ni logística suficiente para movilizar detenidos desde los distintos destacamentos de Santiago hacia el tribunal.
“Luego que presentan medidas, esos presos corresponden a los VTP de “La Carcelita”, pero ellos no tienen la dinámica operativa para buscar presos en los cuarteles”, explicó Calcaño.
El resultado es un efecto dominó: audiencias aplazadas porque los detenidos no llegan, jueces reorganizando agendas saturadas, defensores públicos esperando procesos paralizados y personas encerradas durante días adicionales simplemente porque no hubo quién las trasladara.
Según abogados consultados, el sistema judicial opera actualmente atrapado en un “tapón institucional”, donde el hacinamiento, la mora judicial y la falta de recursos terminan alimentándose entre sí.
