La carretera Santo Domingo-Samaná, bautizada como autopista Juan Pablo II, sigue aumentando su demanda de subsidios del presupuesto nacional, y para el 2015 necesitará una partida de RD$2,500 millones.En solo dos años, el monto de recursos transferidos del presupuesto nacional para compensar la baja recaudación de la vía y sus peajes habrá aumentado más de 100%. En el presupuesto del año en curso el monto consignado como “peaje sombra” para la vía es de RD$2,272.1 millones, cifra que es superior en RD$933 millones a la aprobada en el presupuesto del 2013. Del 2013 al 2015 el monto asumido por el Estado dominicano pasará de RD$1,239 millones a RD$2,500 millones, para un incremento relativo 101.77%.
El proyecto de presupuesto del 2015 remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional establece que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones destinará durante el próximo año unos RD$2,500 millones para subsidiar el déficit del peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná.
Consignada en la partida número 4190 como “subsidio por peaje sombra”, la suma equivale al 8.11% del presupuesto del Ministerio para el próximo año, que es de RD$30,823.9 millones.
La Autopista Juan Pablo II fue construida por la empresa de capital colombiano Autopista del Nordeste, la que tiene a su cargo la administración de los peajes por un período de 30 años. Tiene, en los 106.59 kilómetros del tramo, tres puestos de cobro de peaje: el primero en la ruta Santo Domingo-Samaná, para los vehículos livianos, es de RD$53; el segundo de RD$174, y el tercero de RD$204. Para los minibuses los pagos sucesivos son de RD$106, RD$344 y RD$423, pero si se trata de autobuses y camiones de hasta dos ejes, entonces los montos son de RD$133, RD$458 y RD$550. Para los camiones de más de tres ejes, los pagos, en la misma categoría de ubicación de los peajes, son de RD$199, RD$635 y RD$780. Al regreso se aplican los mismos valores, en cada uno de los tramos. El costo de la obra fue de unos US$150 millones.
El contrato firmado con la concesionaria en el 2001 establece un ingreso mínimo garantizado, el cual debe ser asumido por el Estado cuando la circulación de vehículos baja y se caen los ingresos estimado por peaje.
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